SOMOS UNA EMPRESA CON 11 AÑOS DE EXPERIENCIA, LA HONESTIDAD, LA TRANSPARENCIA Y VERACIDAD SON LOS PILARES DE NUESTRAS GESTIONES DIARIAS
Autor: Eliezer Sosa
Master en Dirección y gestión financiera por la universidad católica de Murcia, España, MDF en finanzas por CEUPE - European Business School, es licenciado en contabilidad.
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Cel. +595973703793
Experiencia: más de 10 años en consultoría contable, financiera, inversiones a personas físicas y jurídicas 5 de los cuales como responsable financiero de industria de gran porte multinacional.
En seguimiento al Plan Nacional Anual de Controles Tributarios, la SET ha realizado tareas de verificación de obligaciones tributarias a contribuyentes de otras actividades económicas, además de aquellas que ya fueron informadas anteriormente (futbolistas, agroexportadores, constructores, transportistas y fleteros).
En este sentido, entre el 2014 y 2016 también fueron concretados 38 controles a los sectores económicos referentes a supermercadistas, empresas inmobiliarias, empresas de seguridad, industrial y multitiendas.
El total de montos determinados a partir de estos procedimientos ascienden a G. 167.569 millones, de los cuales se aceptaron montos por valor de G. 84.169 millones. Los montos no aceptados y que se encuentran en instancia sumarial suman G. 83.400 millones, como se observa en el siguiente cuadro.
Desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, la decisión de la Corte Suprema de Justicia que obliga a la Fundación del Clero Arquidiocesano a pagar impuesto al valor agregado (IVA), cuando realice intermediación financiera, es muy favorable y sienta un precedente para acciones similares de otras fundaciones de carácter religioso.
El ministro de Hacienda, Santiago Peña Palacios, señaló que todas las entidades (incluyendo las fundaciones religiosas), deben aportar el impuesto al valor agregado (IVA). Agregó que se cuenta con un régimen impositivo muy atractivo, pero que no puede descansar solamente sobre algunos.
Entretanto, para el abogado del Tesoro, Fernando Benavente, es un fallo sumamente interesante porque anteriormente la Corte tenía un criterio uniforme con relación al artículo 83 de la Constitución Nacional, pues señalaba que había inmunidad y que no se podía reglamentar ni gravar la educación o a entidades sin fines de lucro.
Agregó que después de la aprobación de la Ley 5061/13 (que generalizó el IVA), se cambió el criterio de las exoneraciones, con lo cual se tienen que dar ciertas condiciones para que las entidades tengan derecho a la exención tributaria.
«Desde la perspectiva de Hacienda es un fallo muy favorable. En las demás acciones la Corte debería tener el mismo criterio, pero esto no es absoluto. Para ser cautos, nos gustaría esperar otros fallos de la Corte para ver si se va consolidando ese criterio de que la Ley 5061/13 reglamentó correctamente las exoneraciones; si eso se da, creo que se tendrá una gran solución de este problema de las exoneraciones y devoluciones de impuestos. Esperemos que siga esta línea la Corte», expresó.
Benavente dejó en claro que la decisión de la máxima instancia judicial no afecta a la Iglesia Católica o al Arzobispado, sino a las actividades de intermediación financiera que realiza la Fundación del Clero Arquidiocesano.
FUNDACIONES DEPORTIVAS. El abogado del Tesoro indicó también que las fundaciones que trabajan de cerca con clubes deportivos (Fundación Franjeada, Fundación Cerro Porteño, entre otros), también están obligadas a pagar IVA cuando realicen actividades como compra y venta de inmuebles o intermediación financiera, independientemente de que argumenten que son entidades sin fines de lucro.
«Lo que busca la norma es que si ellos realizan este tipo de actividades, tengan que hacerlo en igualdad de condiciones que empresas comerciales que pagan impuestos. Si hacen compra y venta de inmuebles, por más de que el fin sea sin fines de lucro y distribuyan dentro de la fundación, igual es una competencia desleal contra aquellos que realizan compra y venta de inmuebles y tienen que pagar impuestos», afirmó
La Fundación del Clero Arquidiocesano, dependiente del Arzobispado, debe pagar el IVA y el impuesto a la renta, según disponen las leyes tributarias. Con voto dividido, la Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad.
La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad planteada por la Fundación del Clero Arquidiocesano, dependiente de la Arquidiócesis, para evitar el pago del impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a la renta.
La resolución fue dividida. Los ministros Antonio Fretes y Gladys Bareiro votaron por el rechazo de la acción, mientras que el ministro Luis María Benítez Riera votó por admitir la inconstitucionalidad.
La presentación fue hecha en el 2014, por el abogado Bruno Ayala Bareiro, en representación de la citada entidad.
Atacó el artículo 3 de la Ley 5061/13, el artículo 4, inciso b, del Decreto Nº 1030/13 y los artículos 29 y 59 del anexo del Decreto 1030/13.
Por los citados artículos se modificó el régimen tributario y aplicó el IVA, a más del impuesto a la renta, a las actividades de la Fundación dirigidas para obtener fondos que sostendrán las distintas acciones de la Iglesia Católica, según el accionante.
Con ello, apunta que se vulneran los artículos 82, 83, 95 y 137 de la Carta Magna, que habla del reconocimiento de la Iglesia Católica, de la difusión cultural y de la exoneración de impuestos, de la seguridad social y de la supremacía de la Constitución.
INTERPRETACIÓN. Alega el recurrente: «La Iglesia Católica no hubiera recurrido a esta acción si no fuera por la interpretación distorsionada de parte de la Administración Tributaria de la ley al no considerar las claras disposiciones constitucionales y pretender sostener que por el simple hecho de realizar una actividad para obtener fondos y cumplir con sus fines, lo equipara con una institución con fines de lucro».
Según el voto del ministro Fretes, el accionante no especificó el perjuicio cierto que tenía la Fundación a raíz de la legislación atacada de inconstitucional. Con ello, votó por rechazar la acción. Su colega, Gladys Bareiro, votó también por el rechazo. Dice que el agravio que sustenta la acción debe ser propio, es decir, que el perjuicio afecte directamente al accionante, y jurídicamente protegido, concreto, efectivo y actual. De este modo, con el voto en mayoría de los dos ministros, y la disidencia del ministro Luis María Benítez Riera, se rechaza la acción de inconstitucionalidad.
El fallo queda como un precedente para las entidades religiosas con fines similares.
La Comisión de Presupuesto tiene previsto dictaminar esta mañana sobre la modificación de los artículos 7 y 8 de la Ley 4838/12, que establece la política automotriz nacional. Hay
tendencia favorable a aprobar la propuesta de eliminar la exención tributaria del impuesto al valor agregado (IVA) otorgada para la importación de bienes de capital, materias primas, componentes, kits, partes, piezas e insumos fabriles de las motocicletas. Hasta ahora pagan solo el 4% y se plantea que se eleve al 10%.
El diputado colorado Mario Cáceres, titular de dicho organismo asesor y proyectista de la modificación de la ley, apuntó que se mantiene firme en que ya no corresponden las exenciones tributarias para las ensambladoras de motocicletas.
Dijo que recibió el informe del Ministerio de Hacienda a favor de su propuesta, “porque estas industrias ahora están pagando solo el cuatro por ciento y no el diez por ciento como todos”.
El legislador sostuvo que las ensambladoras de motos empezaron a operar hace 18 años con beneficios tributarios, a los cuales no se les puso plazo.
“Consideramos que las industrias ensambladoras de motos ya están muy bien posicionadas y económicamente me imagino que están bastante arriba tanto en producción como en ganancia consolidadas. Entonces, ya deben tributar como cualquier otro”, subrayó.
TRABAJO. Cáceres apuntó que recibió a los representantes de las industrias de motos, quienes “me trajeron los famosos argumentos de que dan mano de obra, entre otras cosas”.
Sostuvo que no cree que pueda afectar la contratación de obra el ajuste al diez por ciento del IVA para las ensambladoras.
Apuntó que según el informe de Hacienda este rubro industrial está pagando entre cinco y seis millones de dólares anuales en impuestos y en el caso de que se eliminen las exenciones, estarán aportando unos quince millones de dólares al año.
Indicó que esto es muy justo porque el Estado necesita cada vez más recursos para dar respuestas, más aún en el caso de los traumas generados por los accidentes de motocicletas, que generan gastos de cien millones de dólares al año.
El parlamentario proyectista aseveró que las ensambladoras de motos están totalmente consolidadas a nivel de producción y comercialización, razón por la cual ahora ya pasaron a ensamblar vehículos de cuatro ruedas.
Finalmente, refirió que para él “es una injusticia que se exija al Estado que cargue con todos los costos y cuando se tiene que buscar ingresos justos para cubrir se le ponga palo a la rueda”.
La viceministra de Tributación, Marta González Ayala, dio la bienvenida a los consultores del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), quienes están en nuestro país para dirigir el proyecto de la actualización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu. También estuvieron presentes los directores de Asistencia al Contribuyente y Créditos Fiscales, Roberto Castillo; y de TIC’s, Luis Corvalán.
El equipo de trabajo está integrado por 23 técnicos, de los cuales 13 son paraguayos y 10 extranjeros. Con esto, la SET da estricto cumplimiento a la exigencia dispuesta en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de incorporar mano de obra local de manera que quede en el país la capacidad instalada.
Este acto dio inicio al proceso que tiene como objetivo la mejora sustancial en la prestación de servicios ofrecidos a los contribuyentes y así también en las acciones de control de la Administración.
Para la SET es de máxima prioridad la urgente actualización y ampliación de capacidades operativas del antiguo Sistema Marangatu, a fin de que pueda responder a las nuevas exigencias a las que está siendo sometido por la implementación de los últimos numerosos requerimientos de información y servicios que se ofrecen a los contribuyentes.
Funcionarios del Departamento Jeroviaha de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) realizaron dos intervenciones en el marco de los controles a comercios que vienen encarando en todo el país.
Por medio de compras simuladas se constató que una farmacia en Asunción no entregaba comprobantes de venta.
Asimismo, los funcionarios de Jeroviaha verificaron que un comercio de la ciudad de San Lorenzo entregaba documentos no válidos, pues no registraban el timbrado correspondiente. Este local tiene como actividad principal la venta al por mayor de bebidas y productos de tabaco (Mayorista-Distribuidora).
Por estos hechos, ambos locales fueron clausurados por un plazo de 3 días, tiempo en el que se llevará a cabo un control exhaustivo de las documentaciones contables y, de constatarse infracciones tributarias, serán sancionados según la normativa tributaria vigente, teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y/o atenuantes estipuladas en ella.
La SET recuerda que la expedición de comprobantes por cada transacción de venta es una obligación de todos los contribuyentes, por lo que insta a su cumplimiento.
El saldo de la deuda pública (externa e interna) se situó en US$ 6.109,3 millones al cierre del primer semestre del año, lo que implica un aumento de 11,8% con respecto a los
nuestro trabajo de hoy su tranquilidad del mañana
compromisos asumidos hasta el final del ejercicio 2015, según el informe del Ministerio de Hacienda al mes de junio.
El nivel de endeudamiento se incrementó US$ 645 millones en el primer semestre del año, ya que diciembre de 2015 había cerrado en US$ 5.464,3 millones y a junio del presente ejercicio subió a US$ 6.109,3 millones, lo que equivale al 23,4% del producto interno bruto (PIB).
Este aumento obedece principalmente a la última emisión de bonos soberanos realizada a fines de marzo por un monto de US$ 600 millones, la mitad se destinará a cubrir los vencimientos de deudas anteriores y la otra parte a obras de infraestructura.
Los datos de Hacienda señalan que los recursos de esta última colocación, unos US$ 358,1 millones, aún están depositados en el Banco Central del Paraguay (BCP) disponibles para su utilización.
Externa e interna
Del saldo total de la deuda pública, la externa representa US$ 4.661,1 millones y se incrementó 16,6% con respecto al cierre de 2015; en tanto que la deuda interna representa US$ 1.448,3 millones, se redujo levemente 1,4% en ese mismo lapso.
Mientras la deuda externa sube, la deuda interna viene reduciéndose levemente en los dos últimos meses porque se paga con los fondos obtenidos de la colocación de bonos soberanos.
En el primer semestre el Estado ya pagó en concepto de cuotas de la deuda pública un total de US$ 329,7 millones, de los cuales el 94% corresponde a la administración central.
Se estima que este año el servicio de la deuda superará los US$ 600 millones, lo que implicará un crecimiento del orden del 50% con respecto al año pasado.
Evasión del IVA
Aproximadamente el monto que se abona por el servicio de la deuda es igual a la evasión del impuesto al valor agregado (IVA) en el país, según un estudio realizado por especialistas del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), para la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que fue presentada la semana pasada.
El CIAT considera que la brecha de incumplimiento del citado impuesto es del 30,9%, tomando como referencia el año 2014.
Este porcentaje equivale a G. 3,185 billones (US$ 573 millones al cambio vigente) con relación a la recaudación potencial establecida para dicho impuesto, que en ese año rondaría los G. 8,728 billones (US$ 1.570 millones).
Algunos tributaristas, como Nora Ruoti, auditores como Alba Talavera y Ángel Devaca Pavón, sostienen que la evasión por lo menos es mayor al 50% por la gran informalidad existente.
La gente pagaría con gusto los impuestos si las autoridades demostraran austeridad, se eliminaran los planilleros, las secretarias vip o amantes y el Estado ofreciera servicios de calidad en salud, educación, obras públicas, señaló ayer Ángel Devaca Pavón, del Consejo de Contadores del Paraguay.
El profesional, que además es profesor de la Universidad Católica y miembro de la Asociación Interamericana de Contabilidad, considera que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) debe volver a salir de las oficinas para realizar controles en campo que permitan reducir la alta informalidad, porque a su criterio existen técnicos muy capaces que actualmente están marginados de cualquier actividad.
Devaca Pavón coincide con la opinión de otros tributaristas de que la evasión del impuesto al valor agregado (IVA) en el país es más del 50% y no 30,9%, como concluye el informe elaborado para la Subsecretaría de Estado deTributación (SET) por los especialistas del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
Sostiene que el informe del organismo internacional está bien hecho, pero sobre la base del sector formal. Sin embargo, a su criterio si se tiene en cuenta el sector informal la brecha de incumplimiento sería mucho mayor y estaría por encima del 50%.
El CIAT realizó un estudio sobre la “Estimación de la brecha de cumplimiento del IVA en Paraguay”, tomando como año de referencia 2014 y concluye que el nivel de incumplimiento o evasión del IVA está en un 30,9% con respecto al potencial de recaudación existente.
El monto no ingresado equivale a G. 3,185 billones (US$ 573 millones al cambio vigente) con relación a la recaudación potencial, que en ese año de referencia estaría en torno a los G. 8,728 billones (US$ 1.570 millones).
El contador señaló que el nivel de evasión no sería tan alto si las autoridades dejaran la opulencia en que viven, se eliminaran los planilleros, las secretarias vip, amantes, porque la gente pagaría con gusto sus tributos, lo que no ocurre actualmente.
A esto se debe agregar una mejor atención en salud, si en los hospitales tuvieran medicamentos, si los chicos tienen una escuela en donde no corran el riesgo de que el techo se les caiga encima o poder transitar por las rutas con seguridad, por citar algunas cosas, insistió Devaca Pavón.
En ese contexto, puntualizó que las autoridades, principalmente las de la administración fiscal, deberían ser ejemplo de austeridad y retribuir a la ciudadanía con mejores servicios el aporte que realizan para el funcionamiento del Estado a través de los impuestos
De los más de 8.000 estafados por las instituciones que ofrecían carreras sin habilitación, muchos deberán empezar “desde cero” la especialidad para poder acceder a un título de grado legal. Esto es lo que, en principio, detectaron en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), en el marco de la implementación de la Resolución 389/16, por la cual se reglamenta el procedimiento de reinserción académica de los estudiantes provenientes de instituciones clausuradas o de carreras inhabilitadas.
Esto alcanza, principalmente, a aquellos estudiantes que no pueden demostrar su asistencia a clase o no reúnen la cantidad de horas prácticas necesarias, según Hildegardo González, titular del Cones.
Por esta razón, la reubicación se analizará caso por caso. “Cada caso es diferente. Hay algunos que realmente nunca asistieron y que, por ejemplo, coinciden sus horas de clase con sus horas de trabajo en una institución. Ese debe empezar desde cero porque no existe”, apuntó.
El mayor inconveniente que visualizan se da, dijo, en la carrera de enfermería y otras ramas de ciencias de la salud.
“Si se comprueba que efectivamente (el alumno o egresado) no ha asistido o no ha hecho el curso, probablemente no tenga solución”, advirtió.
Así también existen otros que iniciaron una especialización de grado sin siquiera terminar la secundaria. “Se ha verificado algunos casos que no tenían su título de la educación media. Seguramente iniciaron la carrera antes de terminar el colegio. Se reciben en la educación superior, pero no tienen título que exige el perfil de egreso”, refirió.
VERIFICACIÓN. Cada institución receptora de los alumnos provenientes de carreras inhabilitadas verificarán los antecedentes académicos antes de someter al interesado a un examen de admisión.
“Cada universidad va a evaluar, dependiendo del tipo de carrera, si son exámenes orales, escritos, prácticas de laboratorios o algunas pasantías. Por ejemplo: aquellos institutos donde estudiaban, si no tenían convenios con el Ministerio de Salud, tendrán que hacer las pasantías desde cero”, insistió González.
Por la escasez de oferta educativa legal, a los estudiantes del interior –dijo– les resultará más difícil “encontrar en sus localidades una institución legalmente reconocida” para convalidar conocimientos y así alcanzar el tan ansiado título.
La agricultura, junto con el comercio y la construcción, son los sectores que más evaden el impuesto al valor agregado (IVA), según un estudio del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). El estudio fue presentado la semana pasada, con respaldo de la Secretaría de Estado de Tributación (SET).
El sector agro respondió a los datos diciendo que más allá de dar a conocer el porcentaje de evasión, se debe especificar, porque la generalidad puede resultar perjudicial para el sector, manifestó José Berea, secretario de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).
“Desde el sector, permanentemente estamos dedicados a formalizar. Nosotros mismos somos contrarios a todo tipo de evasión”, dijo Berea.
Pidió que cada vez que se haga una denuncia como esta, debe señalarse directamente a quiénes están en falta. “No estamos de acuerdo con algo genérico, porque puede perjudicar al sector que sí trabaja y sí paga sus impuestos”, respondió.
Sugirió que el problema de la evasión se mire desde otra arista, cuestionando a las instituciones que deben ejercer el control del cumplimiento del IVA y otros impuestos.
De acuerdo a estudios del CIAT, la evasión del IVA está en torno al 31%. Esto representa aproximadamente G. 3.185 billones (USD 572,8 millones) que el Estado deja de recaudar al año.